Seguridad de la Información y Confianza Digital
Mejora de la Privacidad y Seguridad de la información de la Junta de Extremadura, así
como de la confianza de Ciudadanos y Empresas en el uso de servicios públicos
digitales, poniendo en marcha y/o adecuando procesos para el cumplimiento de la
Normativa reguladora en materia de Seguridad de la Información (Esquema Nacional
de Seguridad – ENS) y Protección de Datos Personales (Reglamento General de
Protección de Datos – RGPD y Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de
Derechos Digitales – LOPDGDD), así como aquellos otros tendentes a conseguir un
cambio cultural y de percepción de los Ciudadanos, Empresas y Empleados Públicos de
la fiabilidad de estos servicios digitales, por medio también de la información y
concienciación en la materia.
Todo lo anterior para cumplir con las previsiones recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que en su artículo 13 reconoce el derecho de las personas, en sus relaciones con las
Administraciones Públicas, a la protección de datos de carácter personal, y en particular
a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y
aplicaciones de estas, así como en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, en su artículo 3, respecto de cómo deben producirse, en condiciones
de privacidad (protección de datos) y seguridad las relaciones electrónicas entre las Administraciones y sus distintos órganos y entidades para facilitar preferentemente la
prestación conjunta de servicios a los interesados.
Plataforma corporativa de tramitación y archivo de la Junta de Extremadura
Implantación, administración y operación de una plataforma de administración
electrónica y archivo que permita a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes adaptar sus
servicios y procedimientos administrativos al marco legal impuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (en adelante, LPACAP), la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (en adelante, LRJSP) y la legislación autonómica especialmente
aplicable.